LEA Y DIFUNDA

El Partido Popular de la Reconstrucción quiere lo mismo que siempre ha querido: llevar al ámbito político los valores, las ideas y las acciones en las que ciframos el logro de la independencia nacional, y la salud física y moral de los argentinos en toda la amplitud de nuestra espléndida geografía.

            Centramos nuestra mirada, en primer lugar, en la plena defensa de la concreta Nación Argentina a la que nos une la aceptación –sin beneficio de inventario- de su pasado y el compromiso en la construcción de su porvenir; porque sabemos, contrariamente a las opiniones mas difundidas en los círculos intelectuales contemporáneos, que la nación en sí misma sigue siendo el objetivo primero e imprescindible de la acción política; y que su vigencia se mantiene o, en todo caso, debe mantenerse incólume, a pesar de la descalificación que sufre por parte de los corifeos del Nuevo Orden Mundial.

            Es en esta vida en común de los argentinos, en la que nos consideramos obligados a poner nuestros esfuerzos para contribuir a alcanzar su perfección posible. No tan sólo en el logro de la riqueza y bienestar del pueblo, también en la justicia que debe establecerse en la distribución de los frutos, de los esfuerzos y de las responsabilidades. El carácter instrumental del trabajo lo valoramos no sólo como justificación de las retribuciones pecuniarias y como prenda de la propia dignidad de los trabajadores, sino también como la concreta participación de todos los hombres y mujeres en la empresa común que es la Nación. Queremos que la protección de la vejez no contemple sólo la compensación económica debida, sino también el reconocimiento de su papel decisivo actual dentro de la familia y en la sociedad. Y es precisamente por la valoración que hacemos de estas instituciones, la sociedad y la familia, que buscamos aportar todo lo que contribuya a la solidez del matrimonio monogámico y restablecer y conservar la autoridad paterna durante la minoridad de los hijos y su papel como fuete primaria de su formación, educación y su integración social.

            Queremos la restauración en su dignidad y en su misión de las instituciones vitales del Estado, como la comunidad de los maestros de todos los niveles y las mismas burocracias nacionales y locales; propiciamos la revalorización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sistemáticamente rebajadas en la consideración que su función exige por las autoridades y los medios de comunicación y humilladas en muchos casos por rastreros motivos ideológicos.

Sostenemos la vigencia y el valor de orden sindical para el encuadramiento del trabajo y para la defensa de los intereses sectoriales; y no aceptamos que las desviaciones de su objeto –que deberán ser corregidas cuando existan- sean utilizadas para desarticularlo.

Y hasta la justamente desprestigiada clase política es objeto de nuestras inquietudes precisamente por saber –como sabemos- que sin hombres preparados psicológica, intelectual y moralmente, peligran las instituciones y se alejan las posibilidades de reordenar a la Nación en su destino.

Hace aproximadamente un año, presentamos un documento político dedicado a examinar las perspectivas que se le mostraban al país en la etapa comenzada con la asunción del Presidente Kirchner. Destacábamos entonces, que la inicial consolidación de la imagen presidencial se desarrollaba en el cause ideológico, político y económico de la social democracia de izquierda que con el inestimable auxilio de grandes órganos periodísticos nacionales y extranjeros, contribuía a levantar en el terreno publicitario, el atractivo popular de su figura y de su imagen. Pero afirmábamos también que la ejecución de ese proyecto suscitaba una serie de obstáculos acrecidos por la circunstancia de tratarse de una combinación más o menos improvisada antes que trabajosamente elaborada.

Advertíamos que la versión social demócrata de izquierda era igualmente sumisa que su alternativa de derecha para con los lineamientos esenciales del sistema económico diseñado por el mundialismo capitalista. Y que ello era encubierto por la reubicación de los grupúsculos setentistas a los que se instaló estentóreamente como impulsores de las innovaciones culturales de la izquierda y de su promoción publicitaria, a condición, por cierto, de que abandonaran sus viejos impulsos revolucionarios acerca del reemplazo del capitalismo.

Esta combinación conformada por el acatamiento sustancial a las exigencias de mundialismo económico y por los alardes populistas, tiene su correlato político en el equilibrio que se intenta, a veces, como una operación “transversal” y otras recurriendo al aparato electoral del justicialismo cuyos referentes principales, encabezados por Duhalde, pasaban a girar en la órbita gubernativa a sus impulsos de sus necesidades de subsistencia como políticos profesionales.

El Desafío Económico: La Deuda Externa

El este campo, el gobierno ha adoptado una actitud absolutamente congruente con el planteo social democrático elegido, que consisten en satisfacer todos los requisitos de readmisión en el conglomerado mundial del capitalismo –del que quedamos marginados a partir de la crisis del 2001-, pero velándola con el manto retórico de un discurso desafiante para consumo interno. Para ello se mantuvo incólume el estatuto jurídico y económico de la integración que, iniciado por el Proceso en los ya lejanos tiempos de Martines de Hoz, fue concretado por los sucesivos gobiernos y, en particular, por Domingo Cavallo tanto en su versión menemista como en la delarruista.

Ese estatuto consistía, y aún consiste, en el régimen del libre cambio de la moneda internacional con la mayor estabilidad posible de la moneda nacional, es decir, en el abandono de la moneda como instrumento soberano de la política económica para convertirla sólo en un porcentaje técnico de la moneda de referencia. También, en la habilitación contractual de la competencia de Tribunales extranjeros –arbitrales o judiciales- para la resolución de los conflictos originados en los negocios internacionales privados; en el mantenimiento sin observaciones del régimen estatuido por los convenios CIADI que comportan la delegación a Tribunales Arbitrales de naturaleza corporativa de los conflictos en que estuviera comprometida la misma soberanía del Estado; en la neutralidad del régimen arancelario y en la consecuente desprotección de la producción interna; o en el sistema impositivo, también neutral, que configura un escenario altamente contraproducente en lo referido a las inversiones y crecimiento de los sectores productivos nacionales. Todos estos aspectos, entre otros, han quedado prolijamente ratificados en la actualidad sin que se insinúe, por ahora, la menor tentativa de su revisión legislativa.

Quede claro que no ignoramos los alcances “cuaci” constitucionales de las normas que consagran este sistema de dependencia. Tampoco, por cierto, el poder cultural y mediático de los grandes promotores de la economía mundial y los voceros locales que se empeñan en demostrar el absurdo de cualquier forma de economía nacional. Sólo queremos destacar que nuestra convicción nos exige luchar por la recuperación para el Estado Argentino del control y gobierno, en la mayor medida posible de su propia economía. Ello requiere adecuar los instrumentos jurídicos a las exigencias del propio planeamiento, confrontar con el asedio financiero que nos afecta, y hacerlo, sin desdeñar la realidad, en la medida que es política y económicamente posible. Ese reconocimiento de la realidad, que propiciamos como requisito ineludible de toda tentativa sería de lograr su modificación, de ningún modo justifica la ratificación explicita de los criterios consagrados en materia de dependencia para con los centros de decisión del mundialismo capitalista como el que surge del decreto 30.302 del 15 de marzo de 2004, que citaremos a título de ejemplo, (dictado por el Presidente Kirchner en ejercicio de facultades delegadas por el Congreso) y que textualmente dice: “Autorice la prorroga de jurisdicción a favor de los tribunales estatales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y la renuncia a oponer la defensa de la inmunidad soberana”.

Dentro del planeamiento llevado adelante por el gobierno, que mantiene prolijamente las condiciones jurídicas de la dependencia ya comentadas, resulta indispensable dejar atrás la cesación de pagos internacionales. La comunidad económica mundial, que no se inmuta frente a los devaneos culturales más o menos izquierdistas, requiere, sin embargo, que el país afronte satisfactoriamente los conflictos pendientes con los acreedores  externos y, asimismo, la adecuación de las tarifas de los servicios públicos en manos de consorcios internacionales beneficiados escandalosamente, en su momento, por el proceso privatizador de la era menemista. Ambos aspectos son presentados como decisivos para recuperar la confianza (y por lo tanto los créditos y las inversiones) del mismo sector que ha protagonizado la desnacionalización de nuestra economía.

Los dos temas que estamos tratando –la renegociación de la deuda externa y la actualización de las congeladas tarifas de los servicios públicos- son ejemplos claros de la tesis que sostenemos. En el primer caso, si dejamos a un lado las diferencias formales que puedan existir entre las maneras diplomáticas del Ministerio de Economía y el mal gusto habitual de las actitudes presidenciales orientadas a engalanar su imagen para el consumo interno, lo que debe quedar en claro es que el éxito que se logre será la reincorporación de nuestra economía al orden mundialista en sus términos y según sus estipulaciones; que más allá de un discurso de barricada contra el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial no sólo se les abona religiosamente sus créditos directos, sino que se les reconoce la condición de árbitros legitimantes del posible acuerdo con la masa de acreedores. Por otra parte es claro también que no se ha puesto el menor empeño en determinar el carácter espurio de una parte importante de esa deuda; ni, supuesto que las sucesivas negociaciones hubieran alejado la posibilidad de repudiar parte de ella, en establecer claramente para la sociedad las sucesivas complicidades entre los representantes de los acreedores y muchos de nuestros negociadores para arribar a la calamitosa situación actual.

Por su parte, en lo que concierne al replante contractual con las empresas concesionarias de los servicios públicos –cuestión muy sensible a los grupos multinacionales que son sus titulares-, se ha adoptado el camino de diferir cualquier solución que pueda incidir gravosamente en los presupuestos familiares. Se prefiere empantanar toda búsqueda de acuerdo a sabiendas de que la mayor parte de los diferendos quedarán sometidos a los Tribunales Internacionales CIADI cuyas sentencias, casi con certeza, serán desfavorables para nuestro país y que su posible incumplimiento acarreará lo contrario que el gobierno está buscando: la eliminación de la comunidad financiera internacional. Máxime cuando se ha admitido –como ya se ha dicho reiteradamente- la competencia de los tribunales en los que la rapidez con que se tramitan estos juicios acrece la sensación de desconfianza, tan estúpidamente estipulada por los agravios que se les infiere a las empresas que son –sin duda- las grandes aprovechadoras de la política de privatizaciones encarada, en su momento, por las autoridades nacionales con el acompañamiento, dócil o entusiasta, de los legisladores.

No permite imaginar un giro copernicano de la orientación estratégica económica en curso ni la presencia al frente del Ministerio de Economía de un hombre, ciertamente capaz y dotado de una notoria prudencia, pero afín a la concepción mundialista, ni la de los sucesivos Presidentes del Banco Central, representantes de la misma corriente de pensamiento y de los mismos intereses. Tampoco la conformación humana del más alto Tribunal de la República, integrado por juristas claramente identificados con la dilución del Estado Nacional; ni la tentativa gubernamental y mediática de mantener en su cargo a quien, como el Dr. Boggiano, no obstante su notoria pertenencia a la “mayoría automática” del período menemista, se lo pretende preservar en su cargo debido a su intenso compromiso intelectual con la concepción mundialista del derecho, que lo erigió en el autor de votos decisivos que legitimaron esa tendencia.

Para afrontar los problemas mas graves que comprometen nuestro futuro, el gobierno ha preferido refugiarse en la imagen mediática en desmedro de la acción correctora de la realidad. Se han agravado situaciones que, sin duda, venían de arrastre y que estuvieron presentes desde el primer momento en el horizonte gubernativo, por la búsqueda del golpe de efecto, por la declamación, acompañados del enfoque erróneo dado a la acción positiva y concreta sobre la sociedad. La sanción que la comunidad financiera mundial  prevé frente a incumplimientos de la naturaleza analizada consiste, en lo fundamental, en dejar al incumplidor librado a su suerte. Era por lo tanto indispensable colocarse en condiciones de afrontar esta hipótesis y para ello el período de la negociación debió ser aprovechado para aglutinar los factores reales del sistema de convivencia para negociar, desde una posición de fuerza, con la comunidad de acreedores; siendo esta la oportunidad de encarar un proyecto realista de autosuficiencia para reformular en la medida de nuestros intereses y de las posibilidades existentes una nueva forma de armonía con el mundo, diferente a la que nos ha sido impuesta hasta ahora y que el gobierno pretende continuar.

Vivimos todavía el empuje generado por la ruptura del régimen de la convertibilidad. La recuperación lenta, pero hasta ahora continuada, de nuestra economía no puede ser sólo un subproducto de un tipo de cambio más realista y de la utilización creciente de bienes de capital ya instalados. Los condicionamientos, pero también las oportunidades, que ofrece la realidad colocan al gobierno frente a una disyuntiva: puede continuar como hasta ahora disfrutando de la inercia favorable generada por la devaluación, poniendo todo su esfuerzo en insertarse nuevamente en el proceso mundialista globalizado, posibilitando la degradación del trabajo y las reacciones esquizofrénicas frente al problema de la seguridad, contribuyendo al quebramiento de los valores, a la desvalorización de la familia o a la desvirtuación del sentido profundo de la educación, con lo que no logrará otra cosa más que acelerar el proceso de decadencia que afecta nuestra conveniencia; pero, también es cierto que, si hubiera voluntad de hacerlo, se podría reencauzar el rumbo para cumplir con el imperativo político de independizar nuevamente a la Nación, superar nuestras dificultades económicas y recuperar la salud física, moral y política de los argentinos.

El Trabajo del Hombre.

La desocupación, en los términos y magnitud que se presenta entre nosotros, tiende a instalarse con alcances endémicos y obedece a varias causas que viene de arrastre y que el nuevo gobierno recibiera ya en plena ebullición. Algunas de sus raíces se encuentran profundamente arraigadas en nuestro medio, entre ellas los decisivos cambios registrados en los sistemas de producción industrial con los automatismos cibernéticos desplazadores de la mano de obra, incluso en el campo agropecuario; las políticas arancelarias que han deprimido la industria nacional; la inexistencia de selección alguna en cuanto a la radicación de capitales externos particularmente volcados a la mediación comercial o hacia los servicios públicos con clientela cautiva. Aunque más remota, pero arraigada en la conciencia de buena parte de la clase dirigente política y empresaria y entre los sectores altos o modestos del mundo laboral, habría igualmente que destacar la influencia que posee la progresiva desnaturalización de la misma concepción del trabajo, vaciado de su condición de instrumento por excelencia de la participación en el esfuerzo y el premios de la sociedad, y reducida a una mera expresión de lucro individual (que lo es además sin duda alguna). Esta serie de ingredientes hace que no sea fácil restablecer en sus cabales el sentido profundo y complejo del trabajo pero hace también que sea preciso desafiarlos en una política de largo aliento que procure la reconstrucción del tejido social de la nación.

Sin embargo, el Presidente Kirchner y su gobierno desestiman los aspectos sustanciales para abocarse únicamente a sus exteriorizaciones más perturbadoras con un asistencialismo mal programado. Esto se lleva a cabo mediante subsidios misérrimos, inocuos para satisfacer las exigencias de subsistencia personal y familiar y que, sobre todo, son contraproducentes en sus efectos. Mediante ellos se retrae el compromiso psicológico de los desocupados con la obtención de una actividad social y personalmente útil y, además, se activan los índices delictivos y el desorden social representado por los grupos piqueteros. Véase respecto a esto último que los disturbios (callejeros y algo más) que protagonizan estos grupos nada tiene que ver con el estilo que es norma en las negociaciones laborales o la defensa de las fuentes de trabajo por parte de los sindicatos, sino que su efectividad reside en irrupciones mas o menos extorsivas en el ámbito ciudadano que no excusa que se trate de única vía disponible para dichos sectores.

La consolidación del sistema consagrado, si aprovechamiento por parte de la dirigencia piquetera y de los operadores que distribuyen “los planes”, la insuficiencia de inversiones de infraestructura industrial y un cierto acostumbramiento en la holgazanería concurren al mantenimiento de esta viciosa administración del atolladero. A lo que se suma en apoyo del desorden resultante el ideologísmo que anida en amplios sectores del gobierno que conducen a desincriminar conductas delictivas confundidas con las prácticas piqueteras; ellas no sólo van carcomiendo la imagen a la que el gobierno apuesta su subsistencia, sino que alejan el camino a su solución definitiva.

El PPR ha propuesto en tal sentido la inclusión en el horizonte de la emergencia laboral de los aspectos sustanciales que la generan (menosprecio para con el trabajo del hombre como prenda de su dignidad, mal manejo de las inversiones, ausencia de crédito accesible y de control de su empleo, abandono de la protección arancelaria a la industria nacional, etc.).

Y como no podemos y queremos desconocer la gravedad de lo inmediato propiciamos limitar en el tiempo este tipo de subsidios genéricos a la desocupación y otorgar la administración de los aspectos puramente asistenciales a las organizaciones obreras, que bajo el debido control estatal administren los subsidios (y eventualmente los incrementen si fuera posible) y a la vez provean la capacitación de los desocupados para su inserción en áreas específicas y a la defensa de los grandes objetivos nacionales de los que dependen la recuperación de las fuentes de trabajo y la integración social de la multitud de desocupados.

La Seguridad.

La ideología derecho humanista, en sus dos vértices de izquierda y derecha (la que podríamos ejemplificar con Kirchner con su equipo y con Menem o López Murphy) concibe a la seguridad como un bien de cada uno de los hombres más o menos imbricados en la sociedad. De esto se sigue como necesidad lógica que la seguridad le debe ser reconocida tanto al delincuente como a la víctima. Por lo tanto al primero se lo protege de la dimensión represiva (que es llamada a preservar la seguridad del conjunto), por medio del garantísmo desmesurado que ha sido incorporado a la práctica penal, y que torna absolutamente ineficaz el ejercicio de la represión por parte del Estado. En lo concerniente a la seguridad de la ciudadanía las implicancias del criterio adoptado no son menores. Se supone que a estos últimos le será provista la defensa de su indemnidad personal, pero como esto no es posible frente a la dispersión de los delitos, la respuesta de una parte de la población -racional, es cierto, pero perversa en sus implicaciones- no es otra que la del refugio de los pudientes al amparo de los “guarda espalda” o en el de los ghetos, custodiados privadamente, los “countrys” o sus análogos. El resto, la decisiva parte de la ciudadanía que no puede acceder a estos niveles de auto protección mercantil, queda abandonado a su suerte y al estéril reclamo de un servicio al que el Estado se ha inhibido dogmáticamente de prestar con la fortaleza necesaria. A esta serie de aberraciones oficializadas y profundamente incorporadas a la acción oficial le sigue –también con lógica inobjetable- la desvirtualización de las instituciones asignadas a cubrir esta exigencia: Policías de Seguridad en todas sus versiones, se muestran, por un lado, impotentes para reestablecer los niveles indispensables de seguridad; por el otro lado se alienta la descomposición radical de estas mismas instituciones, en las que se ha infiltrado el morbo individualista que invalida el honor y las jerarquías corporativas que le son propios y abre pródigamente los pliegues por donde se infiltra la corrupción. Vano es remediar esta última mediante solo invocaciones a la moral y al castigo, seguidas de las purgas a las que se recurre sin ninguna sensatez, cuando lo que hay que restablecer es el objeto mismo de las instituciones comprometidas, tanto en su faz educativa como en su desempeño. El olvido de tan elemental criterio es lo que alimenta el descomedimiento policial e implanta el “sálvese quien pueda” como único arbitrio de subsistencia personal (y en el mejor de los casos el restablecimiento de la defensa personal que fatalmente aviva el desorden social). Es preciso por lo tanto que la nación tome conciencia de la verdadera naturaleza del problema y adopte los criterios que hemos querido expresar en contraste a la crítica.

La Defensa Nacional.

El acuciante problema de la seguridad interna no nos autoriza a olvidar que la noción de seguridad es compresiva de la externa, puesto que ambas se confieren entre sí recíproco apoyo. Realidad esta que en los últimos veinte años los gobiernos sucesivos han desconocido, haciendo de ello un título de honra por sus connotaciones pacifistas y anti militaristas. La justificación de actitudes de esta índole recalan en el supuesto de que la Paz Mundial es el supremo y en realidad único requisito de seguridad de las naciones y que su manejo y administración le esta conferida a los Organismos Internacionales que, por el momento, reclaman de las naciones la renuncia a toda posibilidad bélica, ofensiva o defensiva, con la negación de las hipótesis de conflicto.

La operación a la que adscriben los gobiernos dependientes en general y con particular entusiasmo el actual gobierno de Kirchner consiste en la eliminación de un fctor molesto: las Fuerzas Armadas, bajo la excusa de su trivialidad y la suposición de que la seguridad externa de las naciones no es de la incumbencia del Estado Nacional sino de los Organismos Mundiales. No deja de ser sorprendente esta actitud por parte de un gobierno que se precia de agraviar sistemáticamente –si bien “de la boca para afuera”- a los ejecutores económicos de la política mundial y que, sin embargo, se allana sin reservas a las directivas impartidas desde ese mismo eje del poder en que queda com-prometida la seguridad externa del país. El pleno restablecimiento de Fuerzas Armadas nacionales adecuadas a la defensa no debe ser, por lo tanto debatido con argumentos sentimentales (favorables o antagónicos) sino resultar del objetivo reconocimiento de que su existencia, solidez e identificación nacional constituyen un instrumento indispensable de la soberanía, cualesquiera que sean las circunstancias por las que atraviesa la nación y en especial cuando se ve sometida a asedios económicos provenientes de los mismos cenáculos a los que de hecho se delega la protección de su seguridad externa.

La Educación.

Estamos convencidos de que la educación del pueblo, es la porción asumida por el Estado Nacional ya sea mediante su ejercicio directo ya mediante el control de sus manifestaciones más o menos privadas, no posee otra finalidad que la de encauzar la vida personal y social de la ciudadanía en el marco de pautas culturales que la tradición el primer lugar y la identificación con las verdades sustanciales de la civilización cristiana consagran en tanto constitutivas  de la “buena vida”, las instalan en la conciencia de un pueblo diseñando su identidad y alentando su compromiso con el destino de la nación. Bien entendido que cuando se pierde o siquiera se diluye esta identidad y este compromiso, la nación corre riesgo de extinguirse en lo inmediato.

En este mismo orden de las ideas es preciso destacar que al Estado, en su misión educativa, le incumbe igualmente el perfeccionamiento de las “destrezas” pero ellas no en tanto la capacitación se utilice en provecho propio (como de hecho sucede), con la consiguiente y hasta el momento imparable “fuga de los cerebros” que se refugian en extrañas latitudes en donde sus capacidades son mejores retribuidas, sino en una política de ordenamiento y aprovechamiento de los talentos al servicio del bien común nacional y por cierto del progreso económico, social y cultural de la nación que los capacita.

La actitud del gobierno frente a la educación se inscribe en cambio en una intensa desnaturalización de su misión educadora de larga data, intensificada ahora por la decisiva incidencia ideológica de la izquierda cultural aposentada en las estructuras educacionales del gobierno (suerte de “premio consuelo” conferido a los domesticados subversivos de los años 70).

Es así como se va imponiendo como estilo dominante la indisciplina en todos los niveles de la educación oficial bajo la excusa de supuestos derechos individuales del alumno y como se van reduciendo las exigencias escolares en homenaje a una suerte de demagogia estudiantil.

Así también se va diluyendo la identificación del educando con su pasado mediante la canalización de materias como historia y geografía, reemplazadas en buena medida por programas dedicados a la promoción de los “derechos humanos” de carácter ideológico (debidamente adornados con episodios de lo inmediato con los que se concurre a dividir a la sociedad entre réprobos y elegidos). No es menos grave que se desvalorice la misma práctica encarnada de la virilidad y la femineidad, a los que se pretende disolver mediante la peregrina apelación al género; ni la parafernalia ideológica instalada en los colegios y ante la opinión publica acerca de que el sexo, en sus diferencias específicas, no es o ha dejado de ser el impulso vital que encamina a lo hombres y mujeres a su plenitud personal y social, sino tan solo el instinto libertario con el que se promueve sólo la búsqueda del placer y que permite el matrimonio homosexual, el aborto como derecho inalienable de la mujer, o la promiscuidad para terminar en la supresión de la familia como célula básica de la sociedad organizada.

Todo esto y mucho más compone el horizonte educativo con el cual el actual gobierno concurre a la negación de la trascendencia del hombre y de la mujer, a la relativización de la familia y a la valorización del individuo aún en contra de la empresa colectiva que es la Nación.

Nuestra Intención con lo dicho es mostrarnos tal cual somos y exhibir un camino plausible para nuestro país, radicalmente opuesto a las propuestas y a los ensayos del capitalismo mundialista, provengan de la izquierda o de la derecha a las que consideramos variantes de un mismo proceso de descomposición de las naciones y de la nuestra en particular. No nos engañan los relevos meramente circunstanciales, ni las combinaciones políticas dominantes con las que se persigue impedir este indispensable esclarecimiento de la política patria, que en el fondo no consiste, ni más ni menos que en el amor inteligente por sus tradiciones, la defensa de su cultura, la explotación de sus riquezas por manos argentinas y el pleno ejercicio de su soberanía al servicio de un destino de grandeza y de excelencia.

Gustavo Breide Obeid          Presidente

Francisco Miguel Bosch       Vicepresidente 1º

Enrique Graci Susini             Vicepresidente 2º