Declaración de Principios y Bases de Acción Política

PRIMERO

AFIRMAMOS: Que la Nación Argentina es una realidad histórica y social superior a los individuos, los grupos y los sectores que la integran. Superior inclusive a quienes la constituyen en un determinado momento de la historia, puesto que es la herencia recibida de nuestro mayores que debemos trasmitir a las futuras generaciones, fortalecida y enriquecida en su tradición, en su espíritu y en su voluntad de desempeñar un papel protagónico en el mundo.

Que la realización del destino particular de cada uno de los argentinos supone la realización del destino trascendente de la Nación.

Que nadie tiene verdaderos derechos en una Nación que no los tiene, ni nadie puede alcanzar la dignidad y la libertad en el seno de una comunidad nacional sometida.

Que el interés nacional debe ser el criterio rector y motor de la vida política. Junto a este principio, y subordinado sólo a él, el de la dignificación de todos y cada uno de los argentinos.

Que la Nación Argentina sólo se realizará en plenitud mediante el cumplimiento de su vocación iberoamericana.

Que el órgano fundamental por intermedio del cual la Nación procura conscientemente el logro de sus objetivos y la realización de su destino histórico es el Estado, que debe armonizar los intereses y reunir los esfuerzos para consolidar la soberanía nacional y establecer la justicia.

Que ese mismo Estado ha sido -entre nosotros- menoscabado y vaciado de sus misiones nacionales y políticas, convertido en objeto de usufructo de sucesivas camarillas,

sometido a los poderes financieros transnacionales y subordinado a la voluntad hegemónica de otras naciones y de poderes su para nacionales. Nuestro primer objetivo es el de reconstruir y nacionalizar el Estado.

Que esta reconstrucción y nacionalización debe consistir tanto en la recuperación para los argentinos de la plenitud de su decisión política, como en su descentralización conforme a las exigencias del federalismo funcional, del regionalismo integrador y de la prudente aplicación del principio de subsidariedad, sin delegar, en ningún caso, su misión de promover y garantizar el Bien Común.

Que dada, la importancia de las misiones concernientes al Estado será exigencia insoslayable la ejemplaridad de la conducta de quienes desempeñan cargos y funciones en el mismo. Honorabilidad, austeridad, idoneidad y un acendrado espíritu de servicio serán requisitos para ocuparlos.

Que todo ello exige una dirigencia política que no tenga compromisos más que con la misión histórica que se ha fijado que sea heredada de los grandes movimientos nacionales y populares del pasado y que encarne, al mismo tiempo, a todos los valores creadores que permanecen ocultos o dispersos en esta hora de postración colectiva.

Que la actual circunstancia determina la necesidad de encarar la formación de un nuevo partido político. Pero no en el sentido de parte o de facción, sino de conjunto amplio de ciudadanos que aspiran a comprender y expresar a todas las fuerzas vivas de la Nación en su realidad y diversidad.

Que la vigencia plena de la Constitución Nacional es el marco normativo para preservar a la comunidad nacional del- caos, de la arbitrariedad y de la inseguridad jurídica. Hacemos nuestra su definición representativa, republicana y federal. Y sin que se obste a ello la reciente reforma sancionada, postulamos la necesidad de adaptarla a las exigencias actuales y verdaderas de los argentinos, a través de los mecanismos por ella consagrada. De igual forma adherimos expresamente los términos que existen en nuestra Constitución Provincial .

Que es necesario construir una democracia real en la que el pueblo participe activamente día a día, a través de una pluralidad de asociaciones en la definición M destino común; y no una democracia meramente adjetiva en la que la participación del ciudadano tenga lugar sólo el día del comicio.

Que el derecho de peticionar a las autoridades que hoy se reconocen a las grandes corporaciones económicas, a ciertos y determinados diplomáticos extranjeros y, ahora, a las Organizaciones No Gubernamentales de origen y finalidad mundialista, Debe ser reconocido antes que nadie a quienes, reunidos en organizaciones libres, en asociaciones intermedias y comunitarias, luchan mancomunadamente por sus derechos.

Que la capacidad, el esfuerzo y la honradez deben ser debidamente valorados y reconocidas asegurando las posibilidades de progreso económico para todos y enfrentando con energía los males que hoy son el horizonte común de muchos argentinos : la miseria, la desocupación, la inestabilidad laboral y el temor a la pérdida de posiciones legítima y laboriosamente conquistadas.

Que reconocemos la primacía de lo político sobre lo económico.

No hay, no debe haber, políticas económicas enfrentadas o al margen de las grandes decisiones y objetivos de la política nacional. La economía no es sino un instrumento al servicio de la política en su dimensión arquitectónica. No adherimos dogmáticamente a ningún sistema o receta económica. Pero rechazamos enfáticamente cualquier propuesta que en este campo no contribuya a la grandeza de la Nación u olvide que el protagonista de todo proceso económico y el destinatario natural de los beneficios que genera dicha actividad es el hombre, que debe recibir como compensación de su esfuerzo y capacidad todo lo necesario para desarrollar una vida digna y progresar en una sociedad cada día más justa.

Que es deseable la existencia de una sociedad diversa y múltiple, en la cual el Estado, una vez trazadas las grandes pautas de su accionar , interfiera en la menor medida posible en la vida de los grupos y de los individuos. Pero será su deber inexcusable asegurar a todos los argentinos el acceso a los bienes básicos de la vida, a su desarrollo personal y espiritual y a su dignificación.

Que no será posible alcanzar la felicidad del pueblo independientemente de la grandeza de la Nación. No hay aspecto de la vida cotidiana que no esté directa o indirectamente condicionado por la situación de la Nación en el mundo. A la grandeza de la Nación se debe tender por los medios políticos, económicos, diplomáticos o militares que las circunstancias hagan necesarios.

PROCLAMAMOS: La necesidad de la unión nacional, no como tópico hueco y falso , sino como concreta exigencia de la defensa de los intereses comunes y la paz social frente a quienes intenten quebrantar o condicionar la voluntad de los argentinos, ya sea desde el exterior, desde posiciones logradas en el aparato político del Estado, o desde apetencias sectoriales o particulares.

Que, afirmada la unión nacional, todas las diferencias y matices deben ser respetados con la sola condición de no exceder los límites que exigen la concordia de la ciudadanía.

Que la dimensión trascendente del hombre debe ser preservada tanto del acoso de los ideologismos, como del materialismo y de las pautas culturales extrañas es en la riqueza de nuestra tradición y de nuestra identidad cultura¡, permanentemente recreadas y valorizadas, en donde encontramos el rumbo certero para la Nación y para todos los argentinos.

También, nuestro rechazo a los modelos culturales uniformadores que intentan imponer a escala universal los poderes mundiales vigentes.

Expresamente, a toda propuesta que propenda o incite al hedonismo y al consumismo, al individualismo y a la pérdida del espíritu solidario, a la masificación y a la degradación personal o social.

Que aspiramos a contribuir, desde nuestra propia identidad argentina, a la construcción de un mundo donde las diversas tradiciones y culturas puedan desarrollar su propia originalidad y expresarse con plenitud en el respeto mutuo.

Con la fe puesta en Dios, fuente de toda razón y justicia, y el compromiso con los intereses permanentes de la Patria y del Pueblo argentino, establecemos los principios enunciados como marco irrenunciable de la acción política a desarrollar.

SEGUNDO:

BASES DE ACCIÓN POLÍTICA.

EL TERRITORIO:

Todos los espacios terrestres, marítimos y aéreos que conforma el territorio de la Nación Argentina y que son parte material de su heredad histórica deben ser definidos, de acuerdo con su configuración actual, por la Constitución Nacional.

Están incluidos naturalmente en dicho territorio los archipiélagos de las Islas Malvinas, Geórgicas, Sandwich y demás del Atlántico Sur, cuya pronta y definitiva recuperación es un objetivo principal e irrenunciable de la política nacional, en igual medida que la preservación de la Antártida Argentina.

La Nación deberá asegurar el control efectivo de todos los espacios terrestres, marítimos, fluviales y aéreos en resguardo de nuestra soberanía, de la población establecida y de la vigencia de nuestro ordenamiento jurídico.

Porque hace al interés común deberá asegurarse, también, la integración de todo el territorio nacional mediante la promoción sostenida de aquellas provincias y regiones mas rezagadas a fin de compensar el crecimiento desmesurado de algunas zonas del país en detrimento de otras.

Deberá garantizarse la calidad del medio ambiente, que pudiera verse afectada por la acción de terceros países, de particulares o del mismo Estado, en resguardo de nuestro presente y el de las futuras generaciones.

El Partido desconoce y desconocerá todo hecho, gestión o pacto que se haya efectuado o se llegara a efectuar en nombre de la Nación Argentina y que implique el menoscabo de su soberanía en el Atlántico Sur o en cualquier otro punto de su geografía.

LA POBLACIÓN:

Aspiramos a un crecimiento sostenido y armónico de la población argentina. Será para ello necesario promover y proteger la estructura familiar y su unidad a través de la legislación; de políticas sociales de empleo, formación y capacitación ; de vivienda, salud y asistencia social; y del establecimiento de la justicia en la distribución del ingreso.

El crecimiento de la población deberá acompañarse con políticas que promuevan y orienten la redistribución geográfica, asegurando, al mismo tiempo, el crecimiento y desarrollo de las regiones más postergadas, a fin de alcanzar la igualdad de oportunidades para todos los argentinos en cualquier punto del territorio nacional.

Deberá privilegiarse la efectiva ocupación poblacional de las áreas de fronteras

Se rechazará toda política de control de la natalidad que pretenda promover el neocolonialismo Se protegerá la vida desde la concepción hasta la muerte natural y se combatirá toda práctica que conspire o atente contra ella.

Se promoverá la inmigración orientada al incremento de la población, a su distribución de acuerdo a los intereses nacionales y al fomento de la integración iberoamericana.

Los argentinos en el exterior deben ser objeto de especial atención por parte del Estado. deberá promoverse el mantenimiento de su sentido nacional y de su participación en la vida argentina ; así como asegurar su reinserción en la sociedad cuando se produzca el regreso a la Patria.

LA SOCIEDAD:

Será tarea del Partido su contribución a la reconstrucción del tejido social desde sus propias bases para asegurar la plena participación de los hombres y mujeres, de las familias y de todas las asociaciones intermedias en la vida comunitaria y política.

Deberá garantizarse a todos los argentinos el acceso al trabajo justamente remunerado como forma de alcanzar su realización individual y familiar y como modo de canalizar su contribución al desarrollo y crecimiento de la Nación.

La miseria y la marginalidad social, el abandono de ancianos y menores, serán combatidos, en el largo plazo, mediante la erradicación de sus causas económicas y la promoción de sentimientos y conductas solidarias y en lo inmediato, a través de políticas sociales activas y vigorosas fundadas en el amor y el respeto a cada habitante de nuestra Patria. Es nuestro objetivo que cada uno de ellos disfrute de los bienes materiales y espirituales y disponga de todas las posibilidades de promoción social sin privilegios ni injusticias.

La salud es un derecho de todos los argentinos. Para garantizarla deberá implementarse un sistema que permita la utilización de todos los recursos humanos y de la capacidad instalada disponible, sea ésta pública nacional, provincial o municipal, comunitaria – obras sociales-, o privadas. Tendrán prioridad todos los planes orientados a la prevención, atención y recuperación de los sectores de menores recursos y aquellos que atiendan a la problemática materno-infantil, a la niñez en general, a erradicar o disminuir sensiblemente la mortalidad infantil, también, las endémicas y las deficiencias sanitarias propias de cada zona del país. Se procurará la más amplia colaboración con los países vecinos para la atención de los problemas comunes.

Se deberá mejorar intensamente y en forma continuada las condiciones habitacionales de la población, ordenando el uso del suelo, planificando el desarrollo urbano, proveyendo una infraestructura adecuada, un equipamiento social y de servicios completo y un ambiente caracterizado por su calidad. Respetando los requisitos enunciados se llevará a cabo una serie de planes de construcción de viviendas que, con el criterio realista, considere la condición económica y social de los destinatarios y su real capacidad de pago.

Se estructurará progresivamente, un sistema integral de seguridad social que proporcione a las personas y a los grupos la asistencia necesaria y suficiente para atender debidamente las obligaciones vinculadas con la educación, salud, desempleo, accidentes de trabajo, enfermedad- des profesionales, vejez, invalidez, muerte, etc.

La niñez y la juventud serán protegidos material, moral y espiritualmente con toda la responsabilidad y autoridad del Estado. No obstante el carácter supletorio que tiene la actividad del Estado en este campo con relación a la familia, será su obligación garantizar todo aquello que concurra a la adecuada formación de los menores y a su adecuada inserción en la sociedad.

Los ancianos deberán contar no solo con un sistema de jubilaciones y pensiones justo y equitativo como compensación de los esfuerzos realizados, sino también con la atención por parte del Estado para cubrir todas sus necesidades. Pero más importante aún que todo esto, la sociedad en su conjunto deberá definir y jerarquizar el papel que los hombres y mujeres de la tercera edad deberán desempeñar en la construcción del destino común.

EL ESTADO:

Nos proponemos la recuperación del Estado Nacional como expresión de la voluntad política de la Nación, vértice de la organización institucional y órgano de expresión de las regiones geográficas, los grupos y sectores sociales y las diversidades culturales que la conforman.

Será el instrumento para impulsar a la Nación hacia el cumplimiento de su destino, respetando y promoviendo, al mismo tiempo, la iniciativa de las fuerzas sociales.

Deberán afianzarse las instituciones que inspiran y sustentan al sistema republicano de gobierno y asumir con eficacia el cumplimiento de sus funciones esenciales e indelegables.

También, consolidar y aplicar el federalismo que define y caracteriza nuestra estructura histórica de gobierno, realizando, simultáneamente, una promoción justa y equilibrada de todas sus regiones.

Desburocratizar el Estado será una tarea prioritaria. Reestructurarlo de modo que tenga cabida en su seno la representación real de los organismos naturales que existen en la sociedad será una de las políticas fundamentales a llevar a cabo.

Las provincias deberán recuperar el papel protagónico que les ha correspondido en los mejores momentos de la historia nacional. Ello supone no sólo el reconocimiento de sus respectivas autonomías sino, también, el restablecimiento de sus sistemas productivos para el desarrollo agropecuario e industrial.

Se establecerá un régimen municipal que asegure la participación de los vecinos en la totalidad de los temas concurrentes al logro del Bien Común. Esto incluye la participación activa de las asociaciones intermedias a través de una estructura que será motivo de consulta con los correspondientes sectores.

LA POLÍTICA EXTERIOR:

Mantendremos con voluntad irrenunciable la soberanía nacional, usando nuestro inalienable derecho a disponer con toda independencia de nuestro territorio, incluidos los espacios aéreos, marítimos, ríos interiores y sus cuencas. Se inscribe en este mismo principio la defensa de nuestra cultura, estilo de vida, idioma, valores espirituales, éticos y morales que constituyen la esencia misma de nuestra nacionalidad.

Reivindicamos el interés nacional como principio rector de la política exterior y el respeto a los principios de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y de autodeterminación de los pueblos.

Nos proponemos a acrecentar los vínculos con los países iberoamericanos, concretando con acciones sustantivas la presencia de nuestro país en el área regional.

Ratificamos la inquebrantable voluntad histórica del pueblo argentino respecto a la recuperación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur.

Nos opondremos con firmeza a toda forma de menoscabo para para nuestra capacidad de decisión nacional que surja de hechos y acciones de otros Estados Nacionales, de organizaciones mundialistas o de estructuras supranacionales.

LA DEFENSA NACIONAL:

Estableceremos políticas de defensas que contribuyan a desarrollar el potencial integral del país, coadyuven a salvaguardar y fortalecer la soberanía nacional, aseguren la recuperación y mantenimiento de la integridad territorial, apoyen la política exterior y el resguardo del orden interno.

Para ello deberán determinarse las situaciones potencialmente conflictivas de donde surgirá la hipótesis de conflicto, de guerra y de convergencia.

Se deberá revisar y actualizar la legislación atinente a defensa nacional, adecuándola a la situación actual.

Se reorganizaran las Fuerzas Armadas de la Nación de acuerdo a las exigencias del planeamiento de la defensa nacional.

Deberá elevarse la capacidad técnico-profesional de los cuadro militares en todos sus niveles. Pero ello ratificando plenamente la responsabilidad originaria de la ciudadanía en su conjunto respecto de la defensa nacional.

Se potenciará la base industrial militar, no sólo para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de la Nación, sino, además, como factor importante para acrecentar la elaboración y exportación de productos de alto valor agregado y contribuir al desarrollo integral del país.

LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA:

Sostenemos la necesidad de actualizar y mejorar el sistema educativo como camino para formar hombres y mujeres mejores, patriotas probos, solidarios y altamente capacitados; para incentivar toda inquietud tendiente a la superación individual para asegurar la igualdad de oportunidades y la preparación adecuada, rigurosa y exigente de trabajadores y empleados calificados, técnicos, para profesionales demandados por las actividades productivas de un país lanzado al crecimiento y al desarrollo.

Reafirmamos el derecho natural de los padres a la educación de los hijos, como derivado inmediato de la misma naturaleza de la familia. También, no sólo el derecho sino la obligación que tienen de intervenir activamente en esa tarea.

El sistema educativo debe estimular la creatividad individual, el desarrollo de los conocimientos técnicos y nuevas formas de expresión cultural, en consonancia con los valores esenciales del ser nacional.

Se deberán adecuar la estructura educativa, las técnicas y los regímenes de enseñanza, los métodos pedagógicos y las investigaciones educativas a los requerimientos, prioridades y modalidades del proceso de desarrollo modernización y cambio social y económico.

Se reducirán los índices de analfabetismo y semi-analfabetismo asegurando el cumplimiento integral del ciclo obligatorio y gratuito, se promoverá todos los medios que permitan acrecentar y mejorar la formación de los docentes, su capacitación y actualización, como así también los que tiendan a la jerarquización social y económica de la función.

Se preservarán, consolidarán y acrecentarán los valores esenciales de la nacionalidad y nuestro patrimonio cultural, en su esencia, símbolos y manifestaciones.

Se estimulará el desarrollo de los conocimientos, técnicas y nuevas formas de expresión cultural como forma de propender a la afirmación de la identidad Nacional.

Se asegurará el acceso a la cultura de todos los hombres y mujeres que habiten nuestra Patria, sea cual fuere su lugar de radicación, como forma de contribuir a la integración nacional.

Se difundirán los valores del patrimonio cultural de la Nación Argentina hacia el exterior y, en particular, hacia todos los países iberoamericanos.

Se promoverá el desarrollo de la investigación científico-tecnológica, a cuyo fin el Estado asignará los recursos necesarios conforme a las políticas nacionales.

Se establecerán sistemas de estímulo con financiación preferencia para investigaciones privadas, asegurando que los resultados sean para beneficio de todos en el país y explotados en su provecho.

Se incrementarán, por parte del Estado, las tareas de investigación científico- tecnológicas destinadas a crear y adaptar métodos de producción, industrialización y comercialización de las diferentes actividades económicas, desarrollando programas de difusión de los resultados obtenidos, acentuando la comunicación y cooperación de los organismos del Estado con las Universidades y los grupos privados de nivel superior que encaren tareas afines.

Se propiciará activamente la investigación científica-tecnológica en los campos de la energía nuclear y otras formas de energía no convencional, a fin de incrementar su utilización para satisfacer los requerimientos de interés Nacional.

LA JUSTICIA:

Es responsabilidad indelegable de Estado el promover y garantizar un orden público de convivencia basado en la justicia, entendiendo a ésta como la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Así como regular las relaciones entre los particulares y, también, las que existen entre la sociedad y sus integrantes, es propio de la justicia exigir de los individuos todo lo que es necesario para el Bien Común.

Será tarea primordial el establecimiento de la seguridad jurídica para todos los habitantes, tanto en lo que hace a la estabilidad de las instituciones y de las leyes - sin la cual nadie puede programar su propio plan de vida y desarrollar su potencial humano - como en lo concerniente a la protección de todos los bienes materiales y espirituales.

La plena vigencia de la justicia y, consecuentemente, la seguridad jurídica resultante, es el modo de establecer el estado de certeza acerca de la situación, los derechos y las obligaciones de cada uno dentro de la sociedad.

La justicia para ser eficaz deberá también ser rápida, a cuyo efecto se propiciarán las modificaciones necesarias en el actual procedimiento judicial.

Todos los habitantes tendrán la posibilidad de un efectivo acceso a los estrados judiciales sin privilegio alguno fundado en ninguna condición particular.

Deberá instaurarse un riguroso juicio de responsabilidad político-administrativo para los funcionarios públicos con el objeto de combatir toda forma de corrupción.

LA ECONOMÍA:

Más que a ninguna otra consideración de naturaleza ideológica, en este campo del obrar político sujetaremos nuestra acción a un decidido realismo, en procura de servir al más alto interés de la Nación y a los hombres concretos que habiten nuestra Patria y la construyen cotidianamente con su creatividad, esfuerzo y capacidad.

Desde esa perspectiva, no reconocemos validez alguna a la pretendida oposición dialéctica entre capital y el trabajo, así como tampoco nos sometemos a las simplificaciones privatistas o estadistas toda vez que estas categorías, elevadas a la condición de dogmas, son una pura expresión de ideologías que niegan al hombre en su entrañable conformación espiritual y material.

También al realismo nos atendremos para definir en cada caso, las oposiciones que puedan existir entre el Bien Común y los bienes particulares en orden al logro de la reconstrucción de la economía nacional.

Será valorada en forma espacialísima la noción - que estimamos substancial en nuestro proyecto - de esfuerzo del hombre en los diversos modos de organización del trabajo y en sus muy variadas formas de retribución.

Atenderemos en forma prioritaria a la acumulación del capital nacional, orientando su empleo útil y necesario en el proceso productivo y resguardando, dentro de los limites adecuados, el poder de decisión que debe serie recocido al empresario en distribución microeconómica del trabajo.

No reconocemos a la economía en general, ni al sistema capitalista que prepondera actualmente, ni al mercado en si mismo, autosuficiencia ética ni una pretendida autonomía técnica derivada de sus propias leyes y normas.

Por el contrario, sostenemos que no se debe olvidar que es esencial para la sociedad que el sistema económico que rija debe producir bienes y servicios útiles y convenientes, que debe aprovecharse racionalmente los recursos materiales y humanos existentes, que debe asegurarse a la sociedad un control de gestión y de resultado sobre el campo de las finanzas, la producción y el trabajo.

Sostenemos también que se debe ejercer ese mismo contralor sobre los diversos procesos económicos a fin de impedir - como en la practica ocurre - la incorporación al circuito económico regular de fondos provenientes de los segmentos clandestinos y espurios del mercado de capitales. Entre ellos los que se originan en las más diversas y generalizadas formas de cohecho público y privado, en los beneficios que se originan en la comercialización de drogas, estupefacientes u otras actividades socialmente repugnantes.

Sin perjuicio de nuestro rechazo ya enunciado a la pretendida oposición dialéctica entre el capital y el trabajo, es necesario aun hacer una distinción; en tanto el capital es un instrumento necesario en el proceso económico y puede definírselo como trabajo acumulado, el trabajo en si mismo es la forma que el hombre tiene para asegurar su vida y la de su familia, para alcanzar su pleno desarrollo personal y social y, en última instancia, su propia dignidad.

Por ello afirmamos, sin perjuicio de las responsabilidades indelegables que el Estado tiene a este respecto, la legitimidad intrínseca de la organización gremial de los trabajadores tanto en lo que atañe a la defensa de sus intereses en la actividad específicamente profesional y en la retribución de sus esfuerzos, como para la colaboración sectorial, ayuda y protección mutua.

Junto a esto y en lo que hace al plano político y social, aspiramos a que las organizaciones de los trabajadores propendan a su integración con el resto de los sectores que componen el cuerpo social y sean copartícipes de las decisiones que los afectan y comprometen.

Quedan en claro así que, a partir de nuestra absoluta convicción acerca de la necesidad social y económica de la organización gremial de las fuerzas de trabajo, nos proponemos reivindicar la intrínseca calidad de sus manifestaciones positivas y a combatir, con la prudencia y firmeza que las circunstancias tornen aconsejables, los vicios que, enquistados en las mismas, han contribuido a desdibujar el papel protagónico que les corresponde.

Sin pretender agotar el análisis de la totalidad de las vías de acción que propiciamos, se expondrán algunos de los criterios fundamentales para alcanzar los objetivos de una economía pensada a la medida del hombre como protagonista y como agente, y de la Nación Argentina como ámbito para el que postulamos en pleno desarrollo, la integración, el engrandecimiento y una creciente recuperación de su libertad y soberanía.

Entendemos que el aprovechamiento de las potencialidades económicas- constituidas por el esfuerzo y la salud del hombre argentino, por las riquezas que la mano de Dios proveyó generosamente y por las que acumularon las generaciones que nos precedieron- deberá ser erigido en el criterio selectivo de los cursos de acción a emprender.

Las políticas salariales, en tanto organizan una parte de la distribución de la renta nacional, junto a los beneficios que resulten del esfuerzo empresarial, han de posibilitar tanto el crecimiento M mercado interno en calidad y extensión, como la acumulación de ahorros que acrecienten la capacidad económica instalada y el bienestar individual de los ciudadanos.

Consolidado y en expansión el mercado interno, será necesario llevar a cabo una firme política de promoción de las exportaciones tradicionales y no tradicionales con el fin de generar los saldos favorables necesarios para interrumpir el cada día más gravoso régimen de renovación de la deuda externa.

El fomento de las exportaciones deberá ser acompañado por una veda prácticamente total de las importaciones suntuarias y prescindibles y por una decidida reducción de las que no resulten indispensables para el funcionamiento de nuestra economía y ara el mantenimiento del mismo flujo del comercio exterior.

Rechazamos expresamente la fórmula establecida de refinanciar al infinito nuestra deuda externa a cambio de someternos a las reglas y al poder del mercado globalizado. Del mismo modo manifestamos nuestro repudio al mito publicitariamente instalado y sostenido, de la equiparación de los precios internos con los internacionales, toda vez que estos resulten influidos en forma contundente por diversas formas de subsidios en las naciones industria ¡izadas y por los salarios de explotación y hambre en los producidos en otros países.

Con la misma convicción impugnamos la política que se ha seguido y que consistiera en la capitalización de porciones virtualmente insignificantes de la deuda externa a cambio de la entrega de segmentos decisivos del aparato productivo en bienes y servicios - público y privado, acumulado por los argentinos a través de la historia. Por tal motivo se han de establecer reglas claras y estrictas acerca de las condiciones de admisión de los capitales externos - financieros o no, asignándoseles áreas de inversión allí donde el ahorro interno sea insuficiente o sea necesario promover una transformación acelerada frente a determinadas coyunturas.

Afirmamos que la política monetaria fondomonetarista que se ha seguido desde los albores de] Proceso Militar y que supone el anclaje de nuestra moneda con relación al dólar estadounidense, ha sido la causante de las sucesivas hiperinflaciones y que lo seguirá siendo cada vez que se agoten sus efectos pretendidamente estabilizantes y probadamente recesivos. Por ello, estando convencidos de la necesidad de combatir reciamente las causas de la inflación endémica, no lo haremos mediante la aplicación de malabarismos monetarios sino por la sujeción a criterios de buena administración presupuestaria, así como por el cuidado puesto en cualquier factor que pueda llegar a desorbitar los costos más allá de su natural movilidad.

Nos proponemos asegurar al productor y al prestador de servicios el acceso a la masa de los recursos crediticios que requieran las inversiones productivas, clasificadas por su factibilidad, costo y congruencia con la política-económica general, puesto que estas son las condiciones que aseguran razonablemente el recupero de los préstamos y no únicamente la solvencia del prestatario.

Serán éstas las tareas a encarar por los Bancos Oficiales - que para ese momento subsistan o se creen - en armónica colaboración con la banca privada. La distribución del crédito, sin apartarse de las exigencias técnicas, deberá encararse teniendo en cuenta los intereses generales en juego para facilitar la distribución de los ahorros tanto respecto de las regiones postergadas del territorio nacional y de los rubros que se estime de inmediata necesidad, como de aquellos otros sectores de la economía que sean valorados por su alta capacidad multiplicadora.

A fin de asegurar la reorganización de la economía en su conjunto basada en la mejor administración de los recursos existentes así como en la significación de los bienes y, servicios a producir, en contra de la proclamada indiferencia de los gravámenes impositivos, sostenemos la necesidad de llevar adelante una activa política fiscal que aliente y promueva los emprendimientos útiles y necesarios y, por el contrario, desaliente a aquellos que no contribuyan al interés y bienestar general. En síntesis, que al no considerar a la política tributaria sólo ni principalmente como un modo de recaudar los recursos necesarios para solventar el funcionamiento del Estado, cada decisión en este campo estará orientada a promover el bienestar general y hacer efectiva la justicia distributiva..